Los impactos de la judicialización en el Derecho al Acceso a la Información pública en la República Dominicana

Abstract

Las cortes supremas y/o los tribunales constitucionales se han convertido en instituciones que sirven de escenario tanto para el reclamo ante violaciones de derechos sociales y económicos, así como también instrumentos de identificación de dichos derechos. Ya sea que las cortes adopten una actitud activa y a través de sus decisiones intervenga en la creación de políticas públicas –asumiendo, según algunas funciones legislativas- o propiciando el espacio para que los actores desarrollen un juego de negociaciones que tenderá a influir en el desarrollo positivo o negativo de los derechos. Desde esta última perspectiva, las cortes pasan a ser un actor de los que intervienen en el juego de roles que desembocan en políticas públicas. Ante esta realidad, la mayoría de los debates actuales se han centrado sobre si es correcto o idóneo que la política pública sea definida en cierto modo por las cortes y en las repercusiones que podría tener el traslado de los reclamos por derechos sociales, económicos y culturales1 a la esfera judicial2. Si bien es cierto que estos debates resultan interesantes, también existen temas o efectos de la judicialización de los derechos humanos, que a nivel de estudios empíricos y la doctrina no han recibido la debida atención