Resumen:
En el marco de las sociedades occidentales modernas, tomando la clásica distinción
entre mecanismos formales e informales de control social proveniente de un área
aparentemente no conflictiva de la sociología criminal, el control social de niños, niñas y adolescentes se ejerce prioritariamente, a través de los mecanismos propios del control informal. Sólo frente al fracaso de éstos, se disparan los resortes característicos del control formal. En cualquier caso, tanto uno como otro están estructurados diferencialmente en razón del género, de la clase y la etnia, entre otras variables clasificatorias funcionales a
un orden mundial por definición excluyente.
El estado moderno asegura los vínculos familiares y protege a la familia porque es en ésta en quien se delega la trascendente función de la primera socialización
del ser humano, esto es, de preparar al individuo para que pueda vivir en sociedad.
Tal vez esto explique, al menos en parte, el lugar central que desde los inicios de la
modernidad ocupa la preocupación por definir el concepto de familia, tarea en la cual el
derecho tuvo y aún tiene un rol destacado, pero en la cual a su vez intervinieron las
múltiples disciplinas (especialmente, la medicina y el psicoanálisis), que nacen con la sociedad burguesa. De otro modo, no se entiende como es que en este contexto se tornan inteligibles preguntas tales como ¿pueden las parejas de gays o lesbianas criar a sus hijos/as? O las preferencias judiciales por los matrimonios heterosexuales que compiten con hombres y/o mujeres que a través del instituto de la adopción aspiran a fundar familias
homoparentales; o los estudios de corte positivista que vinculan las dificultades escolares y/o las adicciones de los jóvenes y/o la delincuencia juvenil con disfunciones familiares, como los divorcios, las uniones de hecho, o la crianza uniparental.
Quizá también esa función ayude a entender el proceso de ocultación del carácter
histórico, político, jurídico, ideológico y social de la familia, célula básica de la sociedad.
Desplazada hacia el campo de lo natural, recluida en el ámbito de la vida privada, la
familia moderna permaneció alejada de la intervención estatal. Como si al trazar los límites y el alcance del denominado poder o derecho de corrección de los padres, o más en
general de la autoridad parental, el Estado no fuese partícipe activo de la forma que
históricamente adopta el poder que los adultos despliegan sobre los jóvenes en el espacio íntimo de la organización familiar. Como si al legitimar ciertas familias en detrimento de otras, o al perpetuar el rol masculino de proveedor del hogar, o al sacralizar la maternidad, o al mirar hacia otro lado frente a la violencia intrafamiliar, no se fijasen las reglas legítimas del juego de la intimidad. Como si al responsabilizar y castigar a las familias pobres por las condiciones indignas de vida que tienen para ofrecerles a sus hijos, no se estuviese diseñando e instrumentando una política estatal precisamente determinada, cuya nocividad se ve reforzada decididamente en contextos neoliberales como los especialmente padecidos durante la década del ‘90.
