Resumen:
“[E]l prejuicio contra minorías discretas e insulares puede ser una condición especial…
que limit[e] seriamente el funcionamiento de aquellos procesos políticos en los que
regularmente podemos confiar para la protección de las minorías, y [así] puede requerir de una mayor supervisión judicial.”
Estas famosas palabras, que aparecieron en el –por lo demás– poco trascendente fallo
Carolene Products, llegaron en un momento de extrema vulnerabilidad de la Corte Suprema.
Fueron escritas en 1938. La Corte estaba recién comenzando a construir sobre las ruinas constitucionales dejadas por su completa capitulación frente al New Deal un año antes.
Con el decisivo triunfo del estado activista de bienestar frente a la Vieja Corte, todo un
mundo de significados constitucionales construido laboriosamente a lo largo de dos
generaciones se derrumbó sobre las cabezas de los jueces de la Corte. De hecho, la
defensa por parte de la Corte del capitalismo en su versión laissez-faire la había desacreditado de tal manera, que era difícil saber si quedaba algo de tierra firme sobre la cual reconstruir la institución del control de Constitucionalidad. ¿Cómo, entonces, comenzar esa tarea de reconstrucción?
Sólo en una oportunidad la Corte había enfrentado un desafío similar. De la misma
manera en que los demócratas triunfantes del New Deal habían destruido la
constitucionalidad del laissez-faire de Lochner v. New York, un triunfante Congreso
republicano había destruido la Constitucionalidad de la esclavitud de Dred Scott v. Sanford luego de la Guerra Civil. De la misma manera en que muchos observadores contemporáneos de la Corte durante la Reconstrucción2 dudaron de su independencia institucional –ni hablar de su importancia constitucional–, nadie podía tener certeza sobre el futuro del control de constitucionalidad como consecuencia de la crisis sobrevenida a raíz del plan del Presidente de aumentar el número de miembros de la Corte.
Una sola cosa estaba clara. Si la Corte quería restablecer su importancia luego de la Gran Depresión, no iba a poder hacerlo utilizando la misma retórica constitucional con la que lo había logrado luego de la Guerra Civil. Durante el largo período entre la Reconstrucción y el New Deal, la Corte había ascendido hasta la cumbre del poder haciendo hincapié en el derecho fundamental de los hombres libres a perseguir sus objetivos privados en un sistema de libre mercado. Pero fue justamente este elixir ideológico, con el cual la Corte había
renacido luego de la Guerra Civil, el que probó ser casi fatal durante el agónico nacimiento constitucional del estado activista de bienestar. Si la Corte iba a poder construir un nuevo fundamento para el control de constitucionalidad, necesitaría una retórica completamente nueva; una que reconociera que la era del capitalismo laissez-faire había terminado.
Es en este contexto histórico que podemos vislumbrar la promesa de Carolene Products.
En vez de mirar melancólicamente hacia atrás un orden constitucional repudiado, Carolene
se esforzó brillantemente por convertir la reciente derrota de la Vieja Corte en una victoria judicial. En lo que respecta a Carolene, los abogados podían deshacerse de su tradicional esfuerzo por enmarcar su preocupación por los derechos individuales a través de una retórica constitucional que glorificara la propiedad privada y la libertad de contratación.
En su lugar, Carolene propuso tomar los ideales de la democracia activista triunfante
como la base principal para los derechos constitucionales en los Estados Unidos.
