El principio de legalidad en materia tributaria: Análisis del derecho tributario ecuatoriano

Abstract

La imposición de tributos por parte del Estado a sus ciudadanos, nace de la necesidad de crear igualdad jurídica de un ciudadano frente a otro. Así, el Estado ha creado una serie de mecanismos, cuyo objetivo principal es gravar la riqueza generada de la propiedad o por la actividad económica de una persona física o jurídica, naciendo de esta manera el sujeto “contribuyente”.

Esta imposición tributaria por parte del Estado, no puede ser realizada de forma arbitraria; por lo que, se ha impuesto una serie de controles para tutelar y garantizar el derecho de propiedad del ciudadano. Precisamente, el sistema jurídico ecuatoriano, organizado política y jurídicamente bajo el modelo del Estado de Derecho, prevé una tutela constitucional para el administrado con el fin de darle protección contra la potestad y el poder estatal.

En el presente trabajó, se analizará el Principio de Legalidad, a través de la historia como mecanismo de protección al ciudadano frente a la actuación del Estado; y que, obliga al Poder Ejecutivo a buscar el consentimiento del pueblo, representado a través de la función legislativa, respecto de la creación, modificación y extinción impositiva.

Así mismo, se analizará el límite constitucional del poder del Estado, establecido por principios acogidos en la Constitución del Estado y, las disposiciones tributarias a las que está sujeto el contribuyente, y que deben cumplir con el principio jurídico de legalidad.

También se analizará las resoluciones emitidas por la Autoridad Tributaria ecuatoriana y los fallos expedidos por los jueces ecuatorianos; con el fin de verificar si los mismos se ajustan al principio de legalidad constitucional.

Con base a lo anteriormente mencionado, considero necesario realizar un análisis de la aplicación del Principio de Legalidad en materia tributaria en el Ecuador, con el fin de dilucidar la situación del contribuyente frente al Estado, y concientizarlo respecto de sus derechos; y, respecto de la tutela de derechos que debe exigir que el Estado le proporcione.