Resumen:
Las respuestas estatales a la reciente “crisis” generada por la desinformación en redes sociales han sido principalmente dirigidas a penalizar a sus autores o a establecer responsabilidades sobre quienes facilitan su difusión. Desde las empresas de internet, sobre todo las grandes plataformas, se han desplegado numerosas técnicas, medidas e instrumentos para abordar el fenómeno.
• Sin embargo, poco se ha hecho para distinguir el origen de la desinformación y evaluar el fenómeno a la luz de las obligaciones específicas que a ciertos sectores les cabe.
• En este trabajo se asume que: 1) atribuirles a las redes sociales un rol excluyente en la nueva crisis de desinformación que impacta el ecosistema informativo sería erróneo; y 2) que la desinformación tiene impactos distintos de acuerdo a quien la promueva -personas públicas vs. privadas-, y los funcionarios públicos tienen responsabilidades especiales respecto de su discurso. Este último punto es el objeto central de este estudio.
• En la investigación se indagan en detalle algunas de las obligaciones de funcionarios públicos (y otras personas públicas como candidatos a puestos públicos), de decir verdad y/o tomar medidas para evitar errores en la información que difunden en el ejercicio de sus cargos. Así es que se plantean las obligaciones éticas y legales sobre la información que rinden los funcionarios al manifestarse públicamente.
• Se concluye que existen obligaciones de decir verdad para los funcionarios públicos respecto de su discurso y expresiones y que siguiendo la lógica de estas obligaciones podríamos indagar en nuevas posibles líneas de investigación en la búsqueda de soluciones a la difusión de desinformación y los males que esta conlleva para el debate público
