Abstract:
Los juicios a personas sospechadas de violar derechos humanos son considerados comúnmente un paso esencial para afianzar la democracia en un país. Hay, efectivamente, razones para esperar que el castigo estatal sea un instrumento apropiado para generar las condiciones para un cambio político radical. Se piensa que la adjudicación de responsabilidad penal (y por supuesto moral) a quienes mataron y torturaron desde el estado, sirve para valorizar los derechos individuales y recrear la autoridad democrática.