Resumen:
El acceso a la información pública constituye hoy una de las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos, situación que ha sido recogida por el derecho, al considerar que la libertad de información es parte esencial de los derechos fundamentales.
La división de poderes en el diseño institucional clásico, permite la fiscalización de los actos de los distintos poderes entre sí. Así el control del Poder Ejecutivo, es decir, de los actos de la administración pública estatal está a cargo en parte de los representantes del pueblo –Poder Legislativo-, sin embargo, en esta actividad de control el ciudadano permanece excluido del proceso. Un sistema de este tipo resulta en la actualidad, insuficiente y “débil” como mecanismo de control. El acceso de las personas a la información oficial debería estar en todos los casos en la base de rendimiento de las cuentas públicas. Así entonces se podrá disponer de un catalizador que permita un auténtico control democrático sobre las tres ramas del poder estatal.
