Journal de Ciencias Sociales Año 8 N° 14
ISSN 2362-194X
Mariano Enrique Torres 1
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Ensayo
Material original autorizado para su primera publicación en Journal de Ciencias Sociales, Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo.
Recepción:03-01-2019
Aceptación: 07-04-2020
Resumen:Este ensayo explora la venta en pequeñas fracciones de terrenos nacionales y de algunas propiedades privadas en los Estados de Tlaxcala y Puebla, localizados en el Altiplano central mexicano. En este proceso se percibe claramente una distribución territorial por parte de los gobiernos de estos estados que contrasta con la tendencia a la concentración de la gran propiedad y despojo de los pueblos campesinos señalada en la circulación de ideas que tuvo lugar antes de la renuncia del General Porfirio Díaz a la presidencia de la república mexicana el 25 de mayo de 1911 que puso fin a su largo periodo de gobierno. Así mismo, la evidencia empírica en las entidades mencionadas coincide con los resultados de la tesis doctoral sobre esta misma cuestión y época para el caso del Estado de Aguascalientes. Los registros conservados en los archivos notariales que dan cuenta de las ventas de predios agrícolas en fracciones, permiten matizar lo que siempre se había visto como una tendencia unilateral hacia la concentración de la propiedad agrícola apropiándose de las tierras de los pueblos. Sin negar que existan evidencias de esta lucha por el espacio rural en algunas regiones, encontramos un proceso más complejo: la simultánea expansión de la pequeña propiedad a partir de la venta de tierras nacionales y el fraccionamiento de fincas mayores, varios años antes de la movilización política de 1910.
Palabras claves: México siglo XIX; estado; redistribución territorial; pequeña propiedad.
Around the background of land distribution in Central Mexico. Social issue and liberal ideology. 1906-1909.
Abstract:This essay explores the sales in small fractions of national lands and some private properties in the States of Tlaxcala and Puebla, located in the Mexican Central High Plateau. In this process is clearly perceived a territorial distribution by the governments of these states that contrasts with the tendency to the concentration of the great property and dispossession of the peasant peoples indicated in the circulation of ideas that took place before the resignation of the General Porfirio Diaz to the presidency of the Mexican Republic on May 25, 1911 finishing his long term in office. Likewise, the empirical evidence in the mentioned entities coincides with the results of a Ph. D. thesis for the case of Aguascalientes State in the same question and time. The records kept in the State and notaries archives that account sales of big rural properties in fractions, allow us to see different ways of appropriating the lands for small countryside men, contrary to a unilateral tendency toward the concentration of agricultural property. Without denying that there is evidence of this struggle for rural space in some regions, we find a more complex process: the simultaneous expansion of small property from the sale of national land and the division of larger farms, several years before the 1910 popular mobilization.
Keywords: Mexico XIX century; state; territorial redistribution; small property.
1. Introducción
¿La propiedad agraria en México tendió unilateralmente a la concentración en grandes haciendas a finales del Porfiriato, despojando a los pueblos de campesinos o tuvo otras tendencias? Esta pregunta de investigación surge al descubrir en las memorias de gobierno de los Estado de Tlaxcala y Puebla, ventas de pequeños predios en precios que iban desde 2 hasta 1,500 pesos. Este hecho induce a replantear la historia agraria en estas entidades antes de 1910-1917, no como reparto gratuito de fincas incautadas sino por venta de tierras nacionales y subdivisión de propiedades mayores. Un estudio sobre Tlaxcala en prensa de la historiadora francesa Evelyne Sanchez2, cuya ocupación territorial parecía prácticamente consolidada al inicio de la colonización interna impulsada por el Ministerio de Fomento, muestra la misma tendencia.
A guisa de marco teórico de análisis podemos retomar el clásico artículo de Cohn:
Quizá sea útil visualizar las diferentes disciplinas como profesiones y hasta subculturas distintas, con sus propios lenguajes, valores y mentalidades o estilos de pensamiento, reforzados por sus procesos respectivos de capacitación o “socialización”. Los sociólogos, por ejemplo, se capacitan para señalar o formular reglas generales y a menudo descartan las excepciones, en tanto que los historiadores aprenden a poner su atención en el detalle concreto a expensas de los patrones generales. (Cohn, 1962, citado por Burke, 2007, p. 17).
En concordancia con el marco de análisis que sugiere Burke (2007), hemos tratado de evitar la visión parroquial del proceso estudiado con la perspectiva que señala en estos términos:
Historiadores y teóricos sociales tienen la oportunidad de liberarse unos a otros de diferentes tipos de provincialismo. Los historiadores corren el riesgo de caer en este en un sentido casi literal del término. Dado que generalmente se especializan en una región particular, tal vez lleguen a ver su “provincia” como algo completamente único, en lugar de considerarla una combinación singular de elementos, cada uno de los cuales tiene su paralelo en otros lugares. (Burke, 2007 pp 16-17)
Sobre la cuestión agraria mexicana se escribieron bibliotecas enteras, debido a sus nexos político-sociales con otras secuelas de la revolución de 1910-1917, hasta que el tema dejó de ser asunto predilecto de la historiografía del siglo XX. La última obra de gran envergadura fue una tesis doctoral que demuestra que en el siglo XIX crecieron tanto la grande como la mediana propiedad y se destaca que, en términos de Gómez Serrano (1998, p. 1): “… los pueblos de indios que había en la región lograron conservar sus tierras; solo uno desapareció, y ello debido a la expansión de la capital del Estado”.
Sin olvidar la diversidad de las regiones, el caso anterior cuestiona la imagen unilateral sobre el despojo de tierra de los pueblos a manos de las haciendas, idea que circuló antes que colapsara el gobierno porfirista (Molina Enríquez, 1909). Tal discurso cobró fuerza durante los años de reestructuración del Estado mexicano (Bonilla, 1914; Gamio, 1916; Rouaix, 1927; Díaz Soto y Gama 19413. Evidentemente, cuando las entidades productivas tuvieron la posibilidad de crecer lo hicieron. En la coyuntura de crecimiento económico, demostrada por el estudio clásico de Rosenzweig (1965, pp. 405-454), los movimientos en las dimensiones de la propiedad dependieron de la perspectiva social en la que se estaba produciendo, hija de cada época, tal y como plantea el historicismo de Benedetto Croce (Piñón Gaytán, 2002, pp. 11-23). Tlaxcala, en tanto, entidad de origen prehispánico y vigorosas comunidades rurales, es un ejemplo de ello. Asumiendo a grandes rasgos que la teoría social es un sistema lógico-deductivo para explicar, es decir señalar las causas del fenómeno considerado, así como avanzar sobre las hipótesis que guían una investigación como la que emprendimos; nos importa más abrir nuevas perspectivas de estudio que arar sobre tesis aceptadas muchas veces sin cuestionar.
2. Tierra y expansión de la pequeña propiedad en Tlaxcala
En la más conocida de las memorias de su administración, Próspero Cahuantzin, longevo gobernador del Estado de Tlaxcala, política y biológicamente hablando, argumentó:
Como materia de extraordinaria importancia, es la relativa a terrenos baldíos, y me apresuro a participaros que ella está definitiva y satisfactoriamente arreglada en nuestro Estado. Preocupaban mucho al Gobierno de mi cargo diversas quejas de algunos dueños de tierras y eran motivadas por los deslindes que comenzaban a practicar a emoción (sic) de algunos contratantes con el Ministerio de Fomento, para la inquisición (sic) de esa clase de terrenos (Cahuantzi, 1894, p. 9).
Enseguida destaca el reconocimiento tácito a las propiedades que ni la ruptura con la corona española ni las revoluciones liberales de mediados de siglo modificaron:
Había llegado a conocimiento del Ejecutivo que en los archivos públicos del Estado se hallaba un expediente relativo a unas composiciones o arreglos celebrados por los tlaxcaltecas, en tiempos de la dominación española, (…)
En efecto, se comprobó tal noticia con la aparición del expediente con el que se dio cuenta, por ser de interés público, a una junta formada por una gran mayoría de hacendados y pueblos del Estado, quienes acudieron con toda solicitud al llamamiento del Gobierno y procedieron al nombramiento de comisionados que, representando a los propietarios de tierras de esta entidad, tratasen de solicitar la declaración, como emanada de los arreglos mencionados, de que en Tlaxcala no hay tierras nacionalizadas o baldías. (Cahuantzi, 1894, p. 9).
La antigua resolución, reeditada localmente también fue reconocida por el gobierno central:
… a fines de Marzo del año … pasado, recabó del Sr. Presidente de la República, (…) resolución suprema (…) en méritos de las composiciones llevadas a cabo por poseedores de tierras de Tlaxcala, (…) cuando el Estado era Provincia española, se encuentran en la actualidad legalmente amparados por las transacciones citadas en ellos, (…) en cuya virtud quedan libres de toda investigación de parte del Gobierno y no deben las Compañías deslindadoras emprender trabajos en terrenos pertenecientes a dichos predios (Cahuantzi, 1894, p. 10).
Esta reseña gubernamental defiende tanto tierras de cultivo como superficies de los accidentes naturales útiles para el pastoreo y fincas rurales realizada desde el periodo virreinal. La movilidad en la tenencia de la tierra en Tlaxcala a finales del siglo XIX y albores del XX tuvo correlación con la antigüedad y la densidad de población en las comunidades indo-mestizas de esta entidad. Se nota un tono conciliador con las políticas del gobierno central en busca de la individualización en las propiedades con la base social local de los pueblos.
Asimismo, en un manuscrito reciente, Sanchez (2019) plantea el mecanismo que siguieron algunos particulares:
Este proceso fue incrementado por la iniciativa propia de los hacendados de fraccionar haciendas y ranchos tal como lo hicieron en 1908 Victoriano Muñoz y Luis García Espejel, quienes dividieron y vendieron el rancho San José de Gracia entre 148 vecinos de Papalotla y Tenancingo. Este fenómeno se relaciona con el segundo proceso aludido anteriormente y que consiste en la inversión en materiales con el fin de modernizar las unidades de producción. Los terratenientes invirtieron no sólo en herramientas agrícolas importadas sino también en vías férreas para vincular sus haciendas con las vías de ferrocarril y estaciones que estaban a proximidad de sus tierras. Para realizar este proyecto, varios optaron por vender parte de sus tierras para contar con capitales que invertir, para luego concentrar la producción en superficies más pequeñas y homogéneas (Sanchez, 2019).
Es de destacar la similitud del proceso de movilidad en la propiedad de las haciendas referenciadas por esta autora con aquel encontrado por Gómez Serrano, (1998) en el Estado de Aguascalientes, la distancia geográfica y cultural de ambas entidades no obsta para percibir la misma tendencia a la subdivisión y traspaso de predios.
Citando nuevamente a Sanchez (2019) esta destaca los siguientes movimientos territoriales donde se observa, en la misma época que nos ocupa un claro proceso de fraccionamiento y subdivisión territorial:
Cuadro 1. Casos de fraccionamiento de la gran y mediana propiedad en el Estado de Tlaxcala antes de la revolución de 1910.
Propiedades |
Número de fracciones |
Precios en $ |
Pueblos beneficiarios |
Estatus anterior |
Fechas de |
|
1a venta |
Fraccionamiento |
|||||
Rancho de San Rafael Tenanyecac |
94 |
3.000 |
San Rafael Tenanyecac |
Sociedad agrícola |
1880 |
1896 |
Rancho de San Rafael Tenanyecac |
316 |
12.000 |
San Mateo Tepetitla |
Sociedad agrícola |
1880 |
1896 |
Rancho (ex hda.) de San Miguel Teopanzalco |
281 |
6.300 |
Santa Apolonia Teacalco |
Sociedad agrícola |
1831 |
1896 |
Rancho de San Miguel Ayecac (parte Este) |
594 |
12.200 |
Tepetitla |
Rancho completo adquirido en $35,000 por habitantes de Tepetitla y de Ayecac (Este y Oeste respectivamente) |
1888 |
1906 |
Rancho de San José de Gracia, alias Tenexac y Panzacola |
577 |
14.000 |
Papalotla y Tenancingo, Estación de Panzacola, Fundición |
Sociedad agrícola |
1894 |
1909 |
Rancho de Tlacuitlapancito |
552 |
4.000 |
San Rafael Tenanyecac |
Sociedad agrícola, parte de tierras arrendadas. |
1872 |
1910 |
Hacienda del Rosario |
992 |
5.000 |
Santa Ana Nopalucan |
Sociedad agrícola |
1885, 5 interme diarios |
1896 |
Hacienda de Tlalipachilla |
644 |
30.000 |
Otros del distrito de Zaragoza (cercanos a Zacatelco) |
Sociedad agrícola |
1875 |
1897 |
Hacienda de San Pedro Teotzingo |
700 |
21900 |
San Cosme Mazatecoch co |
Sociedad agrícola |
1897 apodera dos |
1899 |
Total |
4750 |
56.500 |
|
|
|
|
Fuentes: Archivo General de Notarías del Estado de Tlaxcala, Notaría del distrito de Zaragoza ; Archivo General del Estado de Tlaxcala.
Los resultados de la división territorial son más que evidentes en este cuadro que corresponde a la zona sur, la zona más fértil del Estado de Tlaxcala que evidentemente las hacía más codiciables. Cabe destacar que la subdivisión de grandes propiedades no implicó en todos los casos la formación de propietarios individuales, como deja ver el uso del término de “Sociedad agrícola” en la mayor parte de los casos estudiados por la historiadora francesa Sanchez quien gentilmente nos proporcionó su manuscrito antes de ser publicado.
3. La revolución liberal de 1856-1859 y sus esfuerzos en pos del individualismo entre las comunidades
La tesis de Chávez Miranda (2019) si bien como corte temporal parte de la época de la revolución liberal iniciada en 1856, dibuja igualmente la movilidad en la propiedad territorial en una zona aledaña a la estudiada por Sanchez (2019).
Al parecer, los alcances proyectados en la individualización de la tierra fueron relativos en Tlaxcala, ya que no hubo una gran cantidad de propiedades desamortizadas, pero abrió la posibilidad de un cambio en la tenencia de la tierra, puesto que la documentación muestra que una parte de la población mantenía la propiedad de forma individual, mucho antes de que se aplicara la Ley Lerdo de 1856.4 (Chávez Miranda, 2019, p. 214)
Chávez Miranda, (2019) percibe en el mundo rural un fenómeno ligado a las luchas por el establecimiento del Estado-nación durante el siglo XIX: la expansión de la ideología liberal que muy a su pesar tuvo que aceptar la propiedad comunal al tiempo que impulsaba la expansión de la ideología individualista.
El cuadro siguiente elaborado por nuestra parte para condensar el número de haciendas, ranchos y propiedades menores agrupadas bajo el término genérico de “terrenos”, sirve como resumen de la estructura agraria que se trató de dimensionar con fines fiscales ya desde 1888:
Cuadro 2. Propiedades agrícolas en Tlaxcala en 1893.
Distritos |
Hidalgo |
Zaragoza |
Juárez |
Morelos |
Ocampo |
Cuauhtémoc |
Total |
Haciendas |
12 |
16 |
39 |
28 |
16 |
8 |
119 |
Ranchos |
71 |
4 |
34 |
45 |
44 |
18 |
216 |
Terrenos |
64 |
77 |
24 |
34 |
31 |
31 |
656 |
Fuente: Cahuantzi, (1894) Memoria de la Administración pública del Estado de Tlaxcala, 1893. Tlaxcala, Imprenta del Gobierno.
Evidentemente, estas cantidades solo permiten cuantificar el número de propiedades, cuando apenas se conformaba su registro global y la elaboración de los planos con expresión del tipo de suelos (si eran de riego, temporal, cerriles, pastizales o barrancas), en el contexto de una revalorización de la propiedad raíz impulsada por el crecimiento económico de finales del siglo XIX; esto aparece reseñado en la Memoria de 1893:
El gobierno estudia la forma de establecer una oficina (…) encargada de este importante ramo, que es la base de las contribuciones prediales. (…) La exacta clasificación de las tierras dará su valor también exacto, lo que aprovechará no sólo a las rentas del Estado, sino principalmente al propietario, máxime en la actualidad en que las fincas están aumentando su valor. Obedece a este propósito la orden que expidió el Ejecutivo del Estado para que se levanten planos de las haciendas y ranchos. … igualmente se mandaron levantar los planos de los pueblos del Estado y ya se han remitido varios a este Gobierno… (Cahuantzi, 1894, p. 21).
Aunque parecen pensamientos en voz alta, este informe expresa igualmente que el gobierno buscaba aumentar sus ingresos, llamando al interés de los propietarios a partir del incremento del valor de la propiedad raíz con el mapeo, los avalúos, localización dada la mejora en los medios que hicieron de Tlaxcala el Estado mejor comunicado del país.
La historiografía académica sobre el caso tlaxcalteca, muy vigorosa a finales de los años ochenta, dejó Memorias de simposios internacionales y una historia general renovada que valdría la pena ser relanzada (Memorias del 4º y 5º Simposios Internacionales de Investigaciones Socio-Históricas sobre Tlaxcala, 1991; Rendón Garcini, 1993, p. 71; Zapata de la Cruz, 2010, pp. 137-154).
Las cantidades dan cuenta de diferencias entre el estudio de Buve (1975), quien da la cifra de 117 haciendas, frente a las 119 reportadas en la fuente consultada. Así mismo, cuando el autor plantea que las que rebasaban las 1,000 hectáreas ocupaban la mitad del territorio, no analiza las características edafológicas de las mismas ni la densidad de la población, elementos muy relevantes ya que Tlaxcala, a pesar de ser la entidad más pequeña del país, es un verdadero mosaico en cuanto a su diversidad. (Buve, 1975, p. 122) La comparación con el vecino Estado de Puebla permite constatar la tendencia.
4. El Liberalismo en los procesos agrarios de la pequeña propiedad en el Estado de Puebla
A partir de las Memorias del gobernador del Estado de Puebla, Mucio Martínez -en el poder entre 1892 y 1911- se percibe también la colonización interna con ventas de las llamadas “tierras nacionales”. Estamos conscientes de que esta fuente es un informe de carácter oficial, una compilación de acciones que evidentemente no solo proporciona datos sobre el tema de nuestro interés, cubría todos los ámbitos de la administración pública del momento útiles para legitimar su gobierno tanto hacia el gobierno central como hacia los sectores sociales involucrados o beneficiados en alguno de los siguientes indicadores: obras públicas, fomento económico, educación, salud, etc. No obstante, es mejor que el Registro Público de la Propiedad, donde aparecen propiedades urbanas desde 1871, y no así predios agrícolas.5 El Archivo General de Notarías de Puebla, además de lo intrincado para el rastreo de predios, es una fuente incompleta, aún para estudiar propiedades urbanas. Sin olvidar que el movimiento territorial cuenta con el Registro Agrario Nacional, este informa sobre las ocupaciones posteriores al movimiento armado de 1910-1917. Por todo esto, las fuentes regulares con información global del proceso en cuestión son las Memorias del Ejecutivo estatal.
La distribución y venta de terrenos de propiedad estatal en Puebla y Tlaxcala, se plantea aquí dada la importancia que reviste dar a conocer esta distribución de las llamadas tierras nacionales durante el régimen del General Porfirio Díaz, proponiendo una lectura nueva para el problema agrario, y sus procesos. Primero, porque el reparto territorial que encontramos fue de índole diferente a la distribución gratuita de tierras incautadas sobretodo en la década de 1930. Segundo, porque la valorización de las propiedades rurales generó movilización en el mercado inmobiliario previamente al año de 1915 y a la Reforma Agraria. Tercero, la privatización de tierras nacionales aludida se dio entre pequeños campesinos y otros colonos, no solamente entre grandes propietarios como dejó ver la historiografía predominante. Desde 1929, Tannenbaum hizo varias reflexiones sobre el sistema político y cómo este enfrentó la cuestión agraria. Dedica un capítulo completo a las haciendas (Tannenbaum, 1929, pp. 102-133), pero al final del libro, se tiene la impresión de que tuvieron muy poco impacto en la población mexicana. La obra ve más el impacto de la revolución (pp. 315—334), cómo cambió México y cuáles terminaron siendo las condiciones del país en ese momento (pp. 393-428). No obstante, esta obra marcó una línea de análisis que buscaba, más que comprender el panorama de la compleja estructura agraria mexicana, dar pie a la erección de la leyenda negra de la etapa anterior sirviendo, así como pedagogía social del agrarismo militante de los años subsiguientes.
En este proceso, (estudiado por Chávez Miranda, 2019; Gómez Serrano, 1998; Sanchez, 2019) la cuestión estriba en que no fue un reparto gratuito de predios de incautaciones a las propiedades existentes, sino venta de terrenos en pequeñas fracciones. Hacía falta estudiar el movimiento territorial previo, contrario al agrarismo surgido en los años posteriores a la crisis de 1929-1933 que creó la imagen maniquea de haciendas en proceso de expansión y pueblos indígenas víctimas del despojo (Díaz Soto y Gama, 1941; Womack, 1969; Silva Herzog, 1980).
Así mismo, es importante no perder de vista que el proceso previo a la Revolución de 1910 buscaba impulsar el desarrollo del capitalismo individualista en el campo, mientras que en el siglo XX se buscó crear una base social campesina, un nuevo bloque de poder configurado en el esquema de una economía mixta.
Igualmente, importante es la diferencia entre el Plan de Ayala de Emiliano Zapata que solicitaba un tercio de la superficie de las haciendas para reparto entre el campesinado, y los triunfantes constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza quienes, antes de estar en la posibilidad de contar con recursos ofrecieron con la ley del 6 de enero de 1915 cosas como lo siguiente:
Art. 3o. Los pueblos que necesitándolos carezcan de ejidos, o que no pudieren lograr su restitución por falta de títulos por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para restituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre inmediatamente colindante con los pueblos interesados. (…)
Art. 6o. Las solicitudes de restitución de tierras pertenecientes a los pueblos que hubieren sido invadidos u ocupados ilegítimamente, y a que se refiere al artículo 1° de esta ley, se presentarán en los Estados directamente ante los Gobernadores, y en los Territorios y Distrito Federal, ante las autoridades políticas superiores, pero en los casos en que la falta de comunicaciones o el estado de guerra dificultare la acción de los gobiernos locales, las solicitudes podrán también presentarse ante los jefes militares que estén autorizados especialmente para el efecto por el encargado del Poder Ejecutivo.6
Esta ley fue la base del movimiento territorial llevado a cabo veinte años después, luego del giro que tuvo lugar a partir de 1934, al final de la hegemonía de los militares en el gobierno provenientes del norte de México, a pesar de que buena parte del territorio mexicano seguía siendo terra incognita.
5. Las difusas marcas territoriales en el país
En cuanto al conocimiento territorial del país, diferentes noticias dan cuenta de imprecisiones incluso sobre los límites interestatales, prácticamente hasta el fin del siglo XIX. Por ejemplo, las disputas por límites territoriales entre distritos del Estado de Puebla con los Estados de Veracruz, Oaxaca y –sobretodo- con Tlaxcala, tuvieron lugar hasta bien entrado el régimen porfirista. Al respecto de este último tenemos un tan insólito como ilustrativo caso de ambos problemas. Egidio Sánchez Gavito, propietario de la fábrica de textiles “La Covadonga”, fundada en 1897, decidió adscribir la pertenencia de su establecimiento al Estado de Puebla simple y llanamente, creando un conflicto territorial subsistente hasta la actualidad. (Juárez Flores, 2011, p. 47).
En la misma época se dio la resolución a la disputa de límites entre los Estados de Puebla y Oaxaca, favorable a esta última entidad, presumiblemente por ser lugar de origen del presidente de la república, ya que no encontramos documentación sobre el alegato, simplemente la mención por parte del gobernador del Estado de Puebla en la Memoria presentada a la XV legislatura local en 1909:
Es consecuencia directa de las instituciones políticas que nos rigen la unión estrecha de los Estados entre sí y con el Gobierno General … se debe en mucha parte el arreglo obtenido en un gran número de las cuestiones de límites pendientes hace mucho tiempo… entre el pueblo de Xixingo, del municipio de Tulcingo, distrito de Chiautla, y Zapotitlán de Silacayoapan, Estado de Oaxaca. Se llevaron a cabo por parte de Puebla las gestiones necesarias para darles término (Martínez, 1899, vol. 3, pp. 3-4).
Estas diligencias oficiales se encontraron con una insólita realidad que podía titularse: “La autoridad es la que veo inmediatamente”:
…los Jefes políticos que se reunieron en Tlaltepexi, a fin de reconocer y precisar la línea divisoria, tropezaron con la dificultad de que los vecinos de Zapotitlán carecen de títulos pues solo presentaron documentos que acreditan que se les mandó dar posesión por el Juez de 1ª instancia de Chiautla, por lo que ha quedado aplazada la resolución (Martínez, 1899, vol. 3, p. 4).
Una noticia que ilustra el grado de desconocimiento del interior del país, tiene fecha del 15 de mayo de 1934, es decir, prácticamente en el segundo tercio del siglo XX:
En virtud de que los problemas básicos del Departamento de Hidrología, de la Dirección a mi cargo, implica necesariamente el conocimiento de la red hidrológica nacional, dentro de la cual hay todavía muchas corrientes cuyas características se desconocen.7
De acuerdo con Gadow, (2011) se puede afirmar que los territorios sin población susceptibles de cultivarse en el país y el aprovechamiento de sus diversos recursos naturales, fue un proceso de larga duración que no se detuvo hasta bien entrado el siglo XX.
6. Un país fundamentalmente agrario
Aunque la expansión de la economía mexicana empieza a despuntar desde el tercer periodo de gobierno de Porfirio Díaz (1888-1892), (Tenorio Trillo; Gómez Galvarriato, 2019, Bortz; Haber, 2002) los caracteres principales de su producción agrícola y colonización interna pudieron lograrse hasta el ocaso del siglo XIX, época de una mayor estabilidad en esta agitada centuria, pautas que se pueden resumir con cifras significativas como estas:
La república mexicana tiene una extensión de 2 millones de km2. Su principal riqueza la constituye la agricultura cuyos productos anuales ascienden a 200 millones. (…) El Estado de Puebla es uno de los más importantes de la república, su superficie es de 33,000 km2. Su clima es variado. El Estado es por excelencia agricultor, sus productos anuales son de $ 11, 490, 866.00 (Larrea,1893).
Aunque México se caracteriza por su heterogeneidad y mega diversidad, el caso de Puebla con el que ejemplificamos también el proceso de colonización y distribución de la tierra, aparece en el espectro de las entidades del país con una productividad más que respetable comparándola con aquella del país en su conjunto. Este es el resultado que aparece si dividimos la producción obtenida entre la superficie de los respectivos territorios. Si en 2 millones de kilómetros cuadrados se produjeron resultados por doscientos millones de pesos, para 33,000 km2 corresponderían entonces 330 000 pesos. Igualmente, es de destacar que estos resultados se lograron a pesar de las limitadas áreas cultivables de esta entidad, lo que da un escenario adelantado y habla muy bien del desarrollo de las técnicas utilizadas durante el “Liberalismo desarrollista”8 que habían dejado muy por detrás el escenario de atonía económica que había caracterizado a México durante las décadas anteriores. (Kuntz Ficker, 2012). Antes de entrar de lleno en el desarrollo de la micropropiedad en el Estado de Puebla a finales del siglo XIX, cabe destacar el papel de los distintos niveles de autoridad y su relación con los núcleos de población dispersos entre las regiones de esta entidad. La cuestión estribaba entonces en los siguientes aspectos: ¿Quién podía otorgar legalmente la propiedad? Un viejo ensayo de Marino y Zuleta (2010) sintetiza en un párrafo el marco jurídico-legal:
Los puntos medulares de la legislación en torno al deslinde de baldíos se dictaron más tarde, en la ley del 25 de marzo de 1894: se eliminaron los límites de extensión para la superficie deslindada y fraccionada en lotes individuales (la ley de 1863 había dispuesto un máximo de 2,500 ha), se especificó́ la clasificación de tierras (baldíos, demasías, excedencias, tierras nacionales), dirigida a legalizar las ocupaciones sin título, y se erigió el Gran Registro de la Propiedad. (Marino y Zuleta, 2010, pp. 445)
A pesar de estas disposiciones legales es perceptible la manera en que se dieron algunos de los asentamientos humanos en el arranque del siglo XX que luego pasaron a ser legalizados.
El ámbito de nuestro estudio solo permite hacer mención del avance del individualismo de manera empírica y paralela a los esfuerzos desplegados por los gobiernos liberales, ya que el énfasis está puesto en los repartos de tierra previos a la Revolución de 1910. No obstante, se aprecia que fue un proceso combinado de acciones de particulares con las políticas públicas de este periodo descritos por el propio Gobernador del Estado, como deja ver en su Memoria presentada ante la Cámara de Diputados local:
…y, por último, se acordó el reparto de los terrenos que contra la ley disfrutaban en común los vecinos del pueblo de Chachapa y los del cerro de San Miguel de Atlixco. En todos estos casos, no obstante las dificultades que al principio ocurrieron en cuanto al otorgamiento de los títulos correspondientes y que me obligaron a consultar a la Secretaría de Hacienda sobre la autoridad a quien incumbía expedir dichos títulos, se han extendido ya muchos por los Jefes políticos, y no pocos labradores pobres, vecinos de diversos pueblos del Estado, poseedores de terrenos de común repartimiento, quedaron confirmados debidamente en su posesión, recibiendo sus títulos respectivos y sin gasto alguno de su parte, conforme al artículo 1º del reglamento de 20 de abril de 1878. (Martínez, 1899, pp. 5-6.)
Es de destacar que el otorgar estos títulos fue una de las vías con las que el liberalismo militante buscó la extinción de la propiedad colectiva en manos de las corporaciones, dentro de las que se encontraba el caso de las comunidades rurales, su interés ideológico presionó a través de la micro-propiedad hacia el individualismo a los miembros de las poblaciones campesinas. Igualmente se observa que se aplicó, como política pública, la tendencia a constituir un tipo de propiedad agrícola destinada, no sólo a formar la clase media rural, sino que también se buscó legalizar al pequeño campesinado existente, definido bajo el término genérico de “labradores pobres”. Aunque sabemos que la caracterización de los “verdaderos pobres” implica una mayor depuración conceptual, las memorias del gobernador Martínez utilizadas -con su carácter de informe político administrativo- permite solo dimensionar los rasgos generales del uso de este concepto. También induce a preguntarse por qué no se acompañó la venta de pequeños predios con la difusión de técnicas modernas de explotación agrícola.
7. Otras pautas de distribución territorial en la época “liberal desarrollista”
¿Cómo se llevó a cabo entonces el proceso de colonización interna? Es una de las cuestiones dibujadas en la política pública seguida por el gobernador Mucio Martínez. El cuadro siguiente permite apreciar justamente los veinte años previos a la emblemática fecha de 1910:
Figura 1. Número de predios adjudicados en el Estado de Puebla, 1899-1908.
Fuente: Martínez, Mucio P. (1899 pp. III-IV; Memoria instructiva y documentada que el Jefe del Departamento Ejecutivo del Estado presenta al XV Congreso Constitucional. Puebla, Imprenta de la Escuela de Artes y Oficios del Estado. (1903, pp. 280-281) (1909, 162-163). Memoria instructiva y documentada que el Jefe del Departamento Ejecutivo del Estado presenta al XVI Congreso Constitucional.9
Aunque se observa un comportamiento irregular en las ventas de predios a partir del fraccionamiento de terrenos nacionales, este no deja duda de la magnitud que alcanzó la distribución territorial entre pequeños agricultores. Esto no obsta para reiterar que la ideología predominante era la del liberalismo desarrollista, por lo que, si bien esos reportes oficiales subrayan estas ventas como apoyo para “labradores pobres”, nunca se perdió de vista la paulatina individualización de la pequeña propiedad agrícola, objetivo señalado igualmente en este discurso:
El debido acatamiento a nuestras leyes fundamentales y el deseo de que sean un hecho práctico en nuestro Estado los beneficios de las leyes de desamortización, me han hecho procurar con el mayor empeño el fraccionamiento de terrenos y a pesar de la oposición de no pocas personas interesadas en conservar la propiedad en el estado indiviso, se distribuyeron entre los vecinos de San Pablo Zoquitlán los terrenos de común repartimiento de las rancherías de Tepozapa, Zacatepec, Garrapata, Tecolotepec, Tepexiloapa, Mazazongo y Tepexilotla. Se procedió después al fraccionamiento de las rancherías de Atexac, Ahuatero, Zezecapa, Yovalostoc, Zalatiopa y Pilola en San Juan Cuautla de la municipalidad de Coyomeapan. (Martínez, 1899, p. XI)
Sin embargo, es inevitable observar la manera casuística, y hasta caótica en la que se estuvieron otorgando los llamados títulos de propiedad, debido principalmente a que no había una oficina especializada. Esto implica que tanto el proceso de individualización como de legalización de las propiedades se realizaron por un abanico de funcionarios bajo la consigna mencionada al respecto: “la autoridad que vale es la que veo aquí”.
Podemos percibir entonces que, más allá de lo caótica que parecería esta situación para algunos, y de que estemos de acuerdo en que como política pública organizada se hacía necesaria una oficina especial, no hay duda de que el proceso de distribución de tierra anterior a 1910 fue una política pública palpable. Así mismo, nosotros vemos algo más, además de la participación de diferentes funcionarios, significa también que la distribución de la tierra paulatinamente experimentaba una tendencia muy amplia que se estaba dando no sólo desde políticas públicas centralizadas por el gobierno federal, sino hasta por autoridades locales. Por supuesto, la ausencia de una oficina especializada significó la realización de negociaciones entre funcionarios de toda índole en toda la geografía del Estado, mismos que fueron difícilmente controlables en su ejercicio por la autoridad central. No obstante, tampoco pensamos ingenuamente que la venta de tierras nacionales tuvo como objetivo primordial llevar a cabo una política de distribución de la riqueza nacional entre el sector campesino. El hecho demostrable es que la colonización interna a través de la micro-propiedad agrícola estaba ya en curso antes de la lucha por el poder desatada a partir del vacío de poder que dejó la renuncia y exilio del dictador Porfirio Díaz el 25 de mayo de 1911. En el caso del Estado de Puebla, además de la tendencia que muestra la figura 1, un ejemplo más del proceso analizado lo deja ver esta parte de la memoria de la administración presentada en 1899:
Se han dictado otros muchos acuerdos … relativos al Departamento de Gobernación y Milicia, … se han llevado a cabo así en la capital y el distrito del centro, como en los distritos foráneos, progresos verdaderamente plausibles entre los que se debe mencionar la creación de la nueva ranchería de Tlaola, en Acatlán, con treinta familias y ciento veinte vecinos, … (Martínez, 1899, p. XIV)
Sin embargo, en medio de la vaguedad que significa hablar de “otros muchos acuerdos”, en la realización del acto oficial del otorgamiento de tierras en Acatlán, distrito caluroso en el extremo sur del Estado de Puebla, este ejemplo permite percibir no solo a un particular sino a todo un grupo de familias. Esto nos remite ahora a cierta paradoja: por una parte, se buscó individualizar la tenencia de la tierra con el otorgamiento de títulos entre los poseedores de tierras comunales en las zonas mejor comunicadas y cercanas a los principales centros urbanos y administrativos. Por otra parte, en los distritos del Estado de Puebla alejados y sus zonas periféricas, como el mencionado en este informe o memoria estatal, no hubo más opción que otorgar la propiedad comunitaria. El informe del curso de la distribución de la tierra en el extremo norte del Estado permite apreciar otros aspectos de esta venta de tierras nacionales entre pequeños agricultores:
Informe relativo al estado que guarda la colonia de Metlaltoyuca, Estado de Puebla (Distrito de Huauchinango).
El número de colonos que se han establecido hasta la fecha, en los terrenos que forman la colonia de Metlaltoyuca, son ciento treinta y cinco (135), los que han tomado posesión y han recibido sus títulos de propiedad…
Algunos colonos por medio de administradores atienden sus ranchos; el ramo al que se han dedicado los colonos es el cultivo del café, hule, vainilla, maíz, caña de azúcar y pastos del Pará y Guinea, y otros varios frutos tropicales; su producción agrícola ha sido muy abundante, pero debido a las malas vías de comunicación sus productos no los han podido realizar, sufriendo por esa causa la pérdida del dinero con que se establecieron en la colonia para buscar trabajo en los ferrocarriles y ocuparse en otras industrias (Torres Bautista, 2010, pp. 110-111).
Una vez más, es imposible detallar el proceso de colonización en el espacio de nuestro texto. No obstante, esta parte del informe permite constatar la tesis principal manejada: la expansión de la pequeña propiedad en un proceso de colonización interna que enfrentaba dificultades geográficas tal y como se colige de esta otra parte del informe de 1907:
En la actualidad hay unos cuarenta colonos, los que en su mayoría se dedican a la cría de ganado mayor, caballar y mular, dichos animales son de raza criolla, en propiedad de los colonos hay más de 3 000 cabezas y como unas 300 entre mulas y caballos.
Hay seis compañías formadas con suficiente capital y se han dedicado al cultivo de frutas tropicales y cría de ganado mayor, dichas compañías entre los colonos son conocidas con los nombres de “Central América Coffe Growers Association”, “Buenavista Coffe Co.”, “Pantepec Land Agriculture Company”, “Miquetla Coffe Co.”, y “Fook Chong Co.” Estas corporaciones han estado bien atendidas y han obtenido abundantes productos, también debido a las malas vías de comunicación y transporte, no han obtenido los rendimientos que debieran, por lo que hoy están en suspenso. (Torres Bautista, 2010, p. 111).
Sin espacio para adentrarse en las características demográficas de la colonización, en los informes afloran inevitablemente los problemas humanos:
En la Colonia había establecidas tres escuelas para niñas y niños, dichas escuelas tuvieron que suspenderse debido a la falta de asistencia de los alumnos porque los colonos viven en sus ranchos y se encuentran muy distantes unos de otros; la Compañía procuró situar las escuelas de acuerdo con los colonos, no obstante no fue posible obtener la asistencia, y en tiempo de lluvias es impracticable.
La única esperanza que hay para lograr el florecimiento de la Colonia es la llegada del ferrocarril proyectado a Tuxpan … (Torres Bautista, 2010, p. 111)
Este informe del oficial Mendoza al Secretario de Fomento en 1907 ilustra los esfuerzos fallidos de colonización en otra de las regiones periféricas del Estado de Puebla el extremo norte, no obstante, deja ver otra cuestión interesante: el problema agrario no era solamente una disputa por la tierra entre campesinos y grandes propietarios, sino que también existieron dificultades para lograr la movilidad de hombres y productos hacia las zonas alejadas. Otra vez un panorama distinto al dibujado por la historiografía posterior a la caída del régimen liberal porfirista con su perspectiva de circulación de ideas unilateral.
8. De cantidades, extensión y cualidades
La tierra adjudicada en el Estado de Puebla, número 21 en la república mexicana por su extensión, merece un ensayo aparte para estar en condiciones de pensar en todos los matices del proceso, toda vez que los precios de adjudicación fueron desde $2.00, hasta el caso del mayor predio adjudicado al precio de $1, 500.00 en el distrito de Tehuacán en el extremo sureste del Estado, lamentablemente las memorias de gobierno no proporcionan datos acerca de las extensiones y calidades de las tierras. No obstante, las listas revisadas muestran que una parte de los predios fueron de muy modestos precios y repartidos por todo el Estado, especialmente en las zonas periféricas menos pobladas. De esta forma, tenemos que el número de fincas agrícolas pasó de 22,369,567 en 1892 a 41,698,897 en 1907, un tan formidable como significativo aumento del 186.4%, según refieren las cifras oficiales que coinciden con la tendencia percibida en los casos estudiados por Sanchez (2019) y Chávez Miranda (2019) en el vecino Estado de Tlaxcala. Estas cifras también nos dan una idea aproximada de la amplitud alcanzada por la colonización interna en Puebla, hecho por demás relevante, ya que no se trataba de una entidad enclavada en el territorio semivacío del gran norte o del también extenso y alejado sureste de la república mexicana.
Así mismo, en 1909 se expresaba con estas palabras la manera en que se iba llevando a cabo este proceso de ampliación de la frontera agrícola en este Estado localizado en la meseta central del país.
Con el mayor empeño ha seguido el Ejecutivo en su tarea de procurar que los terrenos de común repartimiento y los propios de los Ayuntamientos pasen a ser propiedad de particulares, para lo cual, dentro de las atribuciones que la Ley le señala ha hecho que los ingenieros del Estado, … dediquen preferentemente su atención al levantamiento de planos y fraccionamiento de los terrenos que han de adjudicarse a los labradores pobres a quienes siempre se otorgan gratuitamente los títulos de propiedad que los acreditan como dueños. (…) (Martínez, 1909, pp. 162-163).
Al lado de los denodados esfuerzos por crear pequeñas propiedades se subraya con firmeza la intención de incorporar en el grupo de nuevos propietarios individuales a la capa rural más desfavorecida. Solo estudios cuantitativos, regionales y municipales permitirán corroborar o desmentir este discurso oficial que, no obstante, permite vislumbrar otra perspectiva de la llamada “cuestión agraria”:
El número siempre creciente de negocios que se ventilan en el Gobierno con relación a los terrenos de común repartimiento y la consideración de que muchas personas se han abstenido de promover lo que a sus intereses conviene desde que con arreglo a la Ley del Timbre (de 1887) las actuaciones relativas al reparto de los terrenos comunales y a la enajenación de los propios causan el impuesto, decidió al Gobierno de mi cargo a iniciar ante el Federal que se exceptúen del pago del timbre … teniendo en consideración que se trata de predios de ínfimo valor y que son adquiridos por labradores muy pobres para quienes esos bienes llegan a constituir el único patrimonio. A esta razón … puede añadirse … las que económicamente fundan el cultivo de la pequeña propiedad, fuente de riqueza en todas partes y particularmente en los países como el nuestro en que las regiones que necesitan cultivo son muy extensas y abundantes (Martínez, 1909, p. 164).
No podemos dejar de notar la manera en que se subrayaba la continua invocación del grupo social de los “labradores pobres”, mencionada tanto en el proceso de adjudicación como de otorgamiento de títulos de propiedad, parte de una política pública, incluso solicitando la exención de los impuestos para el otorgamiento de titularidad y registro legal de esos predios, toda vez que eran pequeños en extensión y entregados a quienes por primera vez serían sus propietarios.
Este tipo de evidencias podían ser contabilizadas en proporciones todavía mayores para los casos que presumiblemente se estuvieron dando en las otras entidades del país de acuerdo a sus circunstancias y por supuesto en relación con la correlación entre extensión, áreas cultivables y número de habitantes.
Esta dinámica nos remite no solo a una cuestión geográfica, sino a un ejercicio del poder llevado a cabo de manera pragmática que a la larga se convertiría en un arma de dos filos: por una parte, posibilitaba el divisionismo para gobernar a estos distintos actores, por la otra propiciaba conflictos ya que se buscaba crear propietarios individuales, al tiempo que se pretendía liquidar a los actores sociales colectivos de las comunidades de viejo cuño en las regiones del centro.
No es el objetivo de este ensayo profundizar en las cuestiones políticas, simplemente ponemos el acento en la manera en que estas estaban siendo generadas al momento de realizar la tarea de expansión de la pequeña propiedad por el Estado liberal en el campo a finales del siglo XIX.
9. Un problema de territorio y población
Al mencionar el aspecto demográfico, salta inevitablemente un problema relacionado muy estrechamente con la política de distribución de tierras nacionales en pequeños lotes: la falta de hombres, y la crónica escasez de jornaleros para la agricultura. Cabe entonces preguntarse: ¿si faltaba mano de obra, por qué no se implementaron soluciones tecnológicas a una mayor escala? Por simple acción de las fuerzas del mercado, ¿acaso no era de esperarse mejoría en los salarios reales de la época? Del informe rendido al Gobernador Mucio P. Martínez por el Dr. Joaquín Urrutia, Delegado de Puebla al Congreso de la Sociedad Agrícola Mexicana, se desprende claramente esta cuestión:
Entre las causas de la disminución de brazos en los campos y a la vez una de las objeciones que hacen los inmigrantes, se halla la falta de asistencia médica a los trabajadores. El problema, de orden social más que médico, es complejo y difícil. Debe partirse de estudios y observaciones numerosas, los delegados adoptaron las proposiciones siguientes las cuales son únicamente iniciación de ese importante trabajo, algo que se cree coopere a la magna obra de mejoramiento de nuestra población rural. (Martínez, 1907, pp. 353-354).
No deja de sorprender en el anterior discurso expresada “…la magna obra de mejoramiento de nuestra población rural” (Martínez, 1907, p. 354). Esto implica que junto con la política pública de distribución de tierras se llevaron a cabo también incipientes medidas preventivas de tipo sanitario como la realización de campañas de vacunación. Indudablemente, se requería ampliar las comunicaciones junto con la cobertura médica en toda la geografía del país con carácter responsable, es decir, no sólo llevar médicos y medicamentos sino también educación sanitaria a la población. Al respecto se afirmaba algo que, además de su verosimilitud y exactitud, implica ser analizado en su contexto, en su momento histórico, sin comparaciones anacrónicas:
El Estado de Puebla tiene en práctica la mayor parte de estas proposiciones, es el que retribuye mejor a sus médicos rurales y a no dudar será el que secunde mejor a la Sociedad Agrícola dada la atención que presta siempre nuestro ilustrado gobierno a cuanto se relaciona con la conservación de nuestra nacionalidad y progreso. (Martínez, 1907, p. 354)
Estas líneas tienen varias lecturas relativas a la intencionalidad de un discurso nacionalista y desarrollista que iba a la par del fortalecimiento de la base social productiva.
Por otra parte, la pérdida de cosechas de cereales en 1901 y 1908, mencionada como una de las causales del descontento creciente contra el régimen porfirista fue más bien un problema recurrente. Durante el Porfiriato, las sequías regionales más severas se presentaron en 1875, 1884-1885, 1896, 1901 y 1908 de acuerdo al estudio de Contreras Servín (2005, nº 56, pp. 118-133). El problema de la pérdida de cosechas a nivel regional paliado por la intervención estatal, a nosotros nos induce a llamar la atención sobre otro flanco de un Estado considerado puramente liberal que intervenía más de lo que se ha supuesto. Nuestra fuente indica que esta se subsanó con el apoyo de la Junta Proveedora de Cereales de México y de Comerciantes del Estado de Oaxaca. Este hecho, insistimos, permite vislumbrar la existencia en estos años de un Estado liberal impulsor del individualismo que también se constituyó en un incipiente regulador e interventor en los mecanismos de funcionamiento de la economía, proceso igualmente anterior al movimiento revolucionario al que se ha atribuído la autoría de la economía mixta en México (Torres Maldonado, 1999, pp. 79-86). Una vez más la investigación documental desmiente las afirmaciones generales e induce a repensar procesos, categorías y periodos como lo demuestra este testimonio sobre la obligada intervención estatal para hacer frente a un problema derivado de un desastre natural:
…remitiéndolo a las autoridades a fin de que lo pusiesen a la venta pública de manera que no se vendiese el litro a más de 5 centavos, ni más de cinco litros a una misma persona … el objeto principal … era auxiliar a los pobres e impedir que los acaparadores realizaran artículo tan necesario a precios que lo pusieran fuera del alcance de la clase proletaria. Se invirtieron … cerca de doscientos treinta mil pesos, … pero se consiguió … hacer bajar el precio del maíz en aquella delicada situación (Martínez, 1909, p. 112).
Se destaca la atención puesta en las capas sociales de bajos ingresos, ahora en una forma de asistencia desde el Estado mismo. ¿Acaso estas menciones eran solo un discurso demagógico? El contexto indica más bien que eran parte de una perspectiva de las políticas públicas de este gobierno. Es evidente que, además de las implicaciones que acompañaban a la venta de tierras nacionales en pequeñas fracciones, el consenso social estaba basado en los propietarios en general y no solo en los grandes hacendados como han manejado diferentes autores de los que esta expresión simplista es solo un ejemplo:
A los "de abajo" el sistema les reservaba la función de servir en calidad de masa a la cual había que extraerle excedentes y plusvalía. Quienes tradicionalmente se significaban como los sectores pensantes y poseedores en Tlaxcala eran los hacendados. Las pruebas de ellos son más que convincentes. Se calcula que en 1910 en la entidad existían unas 117 haciendas, y solamente las que tenían más de las mil hectáreas de extensión, cubrían la mitad del suelo tlaxcalteca (Ramírez Rancaño, 1987, pp. 109-110).
La cita que sigue a este argumento relativo a la relación de poder en la época porfirista refiere a un artículo de Buve, (1975, pp. 112-152) que no trata sobre la vida interna previa a 1910, incluso estas afirmaciones lapidarias carecen de las aludidas pruebas convincentes a lo largo de todo el texto.
Tan relevante era la dinámica agraria en estos años que el 21 de diciembre de 1909 el gobernador Martínez informaba en la última de sus memorias de gobierno anuncia la aprobación de una ley federal para la constitución de Cámaras Agrícolas Nacionales, al tiempo que se aumentó en 2 al millar el impuesto sobre fincas rústicas (Martínez, 1911, p. 112). Esta medida fiscal solo podía ser realizada a partir de un consenso político social difícil de lograr si este estuviese basado solamente sobre un grupo reducido de propietarios y sin justificar ante ellos el uso de los recursos recaudados, otra de las cuestiones poco estudiadas del periodo.
10. Conclusiones
La información sobre el movimiento de pequeñas y medianas propiedades en Puebla y Tlaxcala, junto con la tesis de Gómez Serrano que analizó al Estado de Aguascalientes, y la de Chávez Miranda para Tlaxcala permite constatar la gran movilidad de tierras previa a la reforma agraria del segundo tercio del siglo XX. La variable común en estos casos se encuentra básicamente en que estos predios fueron vendidos en fracciones por particulares y el Estado. Este proceso se ejemplifica en el cuadro de Evelyne Sanchez sobre Tlaxcala y el que logramos elaborar a partir de la información de las memorias del gobernador del Estado de Puebla consultadas. Este movimiento de la propiedad agrícola permite matizar los procesos seguidos en la época del liberalismo previo a 1910. Es posible entonces afirmar que la dinámica del crecimiento de la pequeña y mediana propiedad fue anterior al colapso del régimen Porfirista.
No tenemos noticia para esta época ni para ninguna otra acerca de la corrección del funcionamiento de la administración pública por sí misma, más bien la regla general es que las medidas correctivas las imponen las situaciones críticas o las protestas ciudadanas.
Este estudio permite constatar también que hubo una tendencia al crecimiento de la mediana y pequeña propiedad entre las comunidades campesinas mucho antes de la llamada “Reforma agraria”.
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