Resumen:
Organizar la vida en sociedad y desterrar los abusos de poder es una áspera
tarea para la política criminal. En esa misión, las garantías constitucionales
tienen carácter instrumental para reducir algunos excesos que derivan el
ejercicio monopólico de la coacción estatal. El castigo es una cuestión política
imposible de erradicar, mientras que el Derecho Penal es el control jurídico de
las formas y condiciones de su aplicación (del castigo).
Es interesante la evolución del ne bis in idem como institución política-jurídica,
acompañando el posicionamiento de los derechos humanos como frenos
palpables a los excesos del derecho penal. “Nos vamos acercando a un nuevo
equilibrio entre el interés de la colectividad por el triunfo de la verdad y la
justicia y la preservación del valor de seguridad que siempre se realiza de
alguna manera con el derecho (...)”3.
Juzgar sucesivamente lo que ya se realizó, así como desafiar la suerte jurídica
por segunda vez, no son vías aceptables para controlar el comportamiento
ciudadano. A partir de esto, entiendo que la protección constitucional de las
barreras garantizadoras no puede ceder ante el fin implícito del derecho penal
económico: resguardar la recaudación.
Descripción:
El maestrando pertenece a la Maestría en Derecho Penal. La tesis fue evaluada el día 09/12/2014 por el tribunal integrado por Fernando Basch, Nicolas Schiavo, Ivana Bloch. La calificación obtenida fue 8 (ocho). El número de acta es 194858.
