La prohibición de la persecución penal múltiple en los délitos económicos

Abstract

Organizar la vida en sociedad y desterrar los abusos de poder es una áspera tarea para la política criminal. En esa misión, las garantías constitucionales tienen carácter instrumental para reducir algunos excesos que derivan el ejercicio monopólico de la coacción estatal. El castigo es una cuestión política imposible de erradicar, mientras que el Derecho Penal es el control jurídico de las formas y condiciones de su aplicación (del castigo). Es interesante la evolución del ne bis in idem como institución política-jurídica, acompañando el posicionamiento de los derechos humanos como frenos palpables a los excesos del derecho penal. “Nos vamos acercando a un nuevo equilibrio entre el interés de la colectividad por el triunfo de la verdad y la justicia y la preservación del valor de seguridad que siempre se realiza de alguna manera con el derecho (...)”3. Juzgar sucesivamente lo que ya se realizó, así como desafiar la suerte jurídica por segunda vez, no son vías aceptables para controlar el comportamiento ciudadano. A partir de esto, entiendo que la protección constitucional de las barreras garantizadoras no puede ceder ante el fin implícito del derecho penal económico: resguardar la recaudación.